Río Negro: juez penal de Viedma procesó a ex funcionarios por presunta venta de tierras fiscales

El Juez Penal de Viedma Favio Martín Igoldi,procesó a ex funcionarios en causa por presunta adjudicación y venta de tierras fiscales. Ordenó investigaciones paralelas en relación a Lewis, Van Ditmar, empresarios y Fiscalía de Estado e instó a Fiscalía de Estado que inicie un proceso de recupero de las tierras 

 El Juez Penal de Viedma Favio Martín Igoldi, dictó el procesamiento de Juan Manuel Accatino, Daniel Alberto Tait y Jorge Daniel Belacin, en varios hechos -por adjudicaciones y ventas de tierras fiscales- calificados como fraude a la administración pública por administración fraudulenta agravada en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público (arts. 54, 174 inc. 5 y 248 del C.P). Asimismo dictó la falta de mérito, por no verificarse una conducta defraudatoria, de Alfredo Federico Bertger; Tomas Bergter; Federico Pio Van Ditmar; Damian Miguel Midlin, Marcos Marcelo Midlin, y Ana Maria Trianes, en orden a los hechos imputados y la de Juan Manuel Accatino, Daniel Alberto Tait y Jorge Daniel Belacín en los casos poro los que no fueran procesados

El Dr. Igoldi sostuvo que “en relación a la excusa articulada por los funcionarios, en cuanto a que nadie jamás había aplicado en ese organismo la opción de condición de preferencia o aplicado el decreto Q 545/70 en cuando prohibía la reventa del bien dentro de los 5 años siguientes a la adquisición del particular de parte del Estado, no pueden ser tenidas como exculpantes.”

“Por otra parte, -añadió-, la cabeza política del Ministerio, el prevenido Accatino, se encontraba funcionalmente a solo un paso hacia arriba de los imputados Belacín y Tait. El primero de estos consignó en su indagatoria el contacto periódico -reuniones de trabajo- con el Ministro, situación que denota el conocimiento de los actos del área a su cargo.”

El Dr. Igoldi argumentó que “los imputados Tait y Belación, en sus respectivos cargos y el por entonces Ministro de Producción de Río Negro, Accatino, violaron en los casos que cada uno de ellos intervino el deber de confianza y cuidado para con la cosa ajena. Esto, sin dudas, con el objeto de beneficiar a terceros adquirentes de los predios en perjuicio del erario provincial.”

“Esto, claramente, implican actos de administración fraudulenta de bienes públicos cuyo manejo, custodia y administración tenía cada uno de los imputados en su órbitas”, subrayó el Magistrado.

Precisó que “en relación a la imputación que pesa sobre cada uno de los particulares en el hecho objeto de investigación puede sintetizarse como la de resultar adquirentes en apariencia, beneficiarios de la adjudicación en venta por exiguos montos respecto del valor real de las tierras y que rápidamente las habrían enajenado a favor de terceras personas quienes habrían resultado ser los verdaderos interesados en atribuirse la propiedad; Marcos Mindlin, Martínez Perez/Trianes/Valenzuela, Van Ditmar o Bertger según el caso.”

Opinó que “la adquisición de predios fiscales a precios bajos (o también llamado viles) no puede ser tenida como una conducta defraudatoria de los particulares, ya que este valor -notoriamente más bajo que los de mercado para tierras particulares- venía impuesto por un decreto provincial y sus reglamentaciones. En todo caso, esto lo que hace es tornar mas repudiable la conducta de los funcionarios que colocaban, indebidamente, en el mercado inmobiliario particular bienes que tenían una naturaleza distinta, generando el aprovechamiento de quienes adquirieron esos predios para hacer otro negocio u obtener ganancias”, argumentó el Dr Igoldi.

“Debo destacar que a lo largo de un proceso, que ha durada casi dos años, no se ha podido verificar una maniobra fraudulenta de parte de los particulares imputados. No se acredita en autos connivencia con los funcionarios públicos ni utilización de maniobras fraudulentas para perjudicar al erario”, señaló.

“No obstante, -añadió-, luego de analizar la normativa aplicable al caso, encuentro como sumamente probable, que la debida intervención de la Fiscalía de Estado provincial podría hacer revertir el perjuicio sufrido por la provincia y lograr el reintegro de esos predios fiscales que indebidamente salieron del patrimonio estatal.”